La masacre en la región del río Naya, cerca de López de Micay, ha dejado una profunda huella de dolor en la comunidad. El trágico evento, que tuvo lugar el 8 de septiembre de 2024, resultó en la muerte de 12 personas, incluyendo 5 mujeres y 7 hombres, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 25 años. Las víctimas fueron halladas en una vivienda de madera palafítica, presentando múltiples heridas de bala, principalmente en la cabeza, lo que ha llevado a las autoridades a investigar un posible conflicto interno dentro del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC
Detalles del Ataque: Un Conflicto Interno entre Disidencias
La ubicación de esta masacre, en la vereda La Sagrada Familia, destaca la vulnerabilidad de la región. Este sector, que se encuentra en el municipio de López de Micay, Cauca, ha sido históricamente afectado por la violencia de grupos armados, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha indicado que, aunque se sospecha del ELN como posible responsable, este grupo ha negado su participación, alegando que se trató de un “ajuste de cuentas” interno entre disidencias
Llamado a la Acción: Seguridad y Derechos Humanos en Riesgo
Las circunstancias del ataque son alarmantes. Según informes, no hubo enfrentamientos previos, lo que sugiere un ataque planificado. La comunidad local fue la que alertó a las autoridades sobre los hechos, pero la presencia de grupos armados ha impedido el acceso de la Fuerza Pública a la zona. Los cuerpos de las víctimas han sido trasladados por sus familiares a la cabecera urbana de López de Micay y al corregimiento de Zaragoza, complicando aún más la situación
Contexto de Violencia en el Cauca: La Historia del Río Naya
La reacción de las autoridades y organizaciones humanitarias ha sido inmediata. La Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional están trabajando en la identificación y traslado de los cuerpos. Este evento ha generado un llamado urgente a la fuerza pública para garantizar la seguridad de la comunidad, que se encuentra en un estado de confinamiento y desplazamiento forzado. La situación es crítica, ya que las comunidades afectadas han expresado su temor ante posibles represalias y la falta de protección
El impacto de esta masacre resuena más allá de las cifras. La comunidad del Naya, que ya enfrenta una historia de violencia y desplazamiento, se encuentra en un estado de alerta y desesperación. La exigencia de garantías para la vida y los derechos fundamentales de sus habitantes es más urgente que nunca, mientras las organizaciones sociales claman por atención y apoyo del Estado colombiano para restablecer la paz y la seguridad en la región
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