Incautada maquinaria valorada en 1.200 millones durante operación contra minería ilegal, protegiendo fuentes hídricas y ecosistemas en el Pacífico colombiano.
Redacción: Noticias al Instante Buenaventura
En un contundente operativo fluvial, la Armada de Colombia desmanteló una operación de minería ilegal que afectaba gravemente los recursos hídricos en la vereda El Alto, del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño. La intervención fue liderada por tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 43, quienes localizaron tres excavadoras que operaban sin los permisos requeridos, poniendo en riesgo los recursos naturales de la región.
Maquinaria incautada valorada en más de 1.200 millones de pesos
El valor de las excavadoras incautadas asciende a más de 1.200 millones de pesos, lo que representa un fuerte golpe a las economías criminales que se benefician de la explotación ilegal de minerales en la región. Las autoridades confirmaron que la maquinaria carecía del título minero y otros documentos exigidos por la Agencia Nacional de Minería, lo que confirma la ilegalidad de las actividades.
Impacto ambiental de la minería ilegal en el Pacífico colombiano
La minería ilegal tiene un impacto devastador en las fuentes hídricas del Pacífico sur colombiano, provocando la contaminación de ríos y quebradas con metales pesados y sustancias tóxicas, lo que compromete la salud y el bienestar de las comunidades locales. Además, esta actividad genera deforestación de bosques nativos y altera los ecosistemas, afectando gravemente la biodiversidad.
Acciones legales y control
Las excavadoras fueron puestas a disposición de la Policía Nacional, encargada de adelantar las diligencias correspondientes. La explotación ilícita de yacimientos mineros es un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el artículo 332, que establece penas de 32 a 144 meses de prisión y multas superiores a 130 salarios mínimos legales mensuales para quienes realicen estas actividades sin los permisos adecuados.
Este tipo de acciones reafirma el compromiso del Estado en la protección del medio ambiente y en la lucha contra las actividades ilegales que amenazan los recursos naturales y la estabilidad de las comunidades.
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