Edilberto Viveros Valencia – Edil de la localidad Isla Cascajal
Un creciente malestar se ha generado entre varias familias residentes en las zonas de baja mar del Distrito de Buenaventura debido al cobro del impuesto predial. Estas familias, que han recibido facturas exigiendo el pago del impuesto, consideran que esta medida vulnera sus derechos y es desproporcionada dada su situación legal y económica precaria.
El principal argumento de los residentes afectados radica en que no poseen títulos de propiedad de las viviendas que ocupan. Muchas de estas familias han habitado estas áreas durante generaciones en construcciones palafíticas características de la región, sin contar con una formalización legal de su ocupación. Por esta razón, ven el cobro del impuesto predial como una medida injusta y desproporcionada.
Ante esta problemática, varios ediles del Distrito han tomado cartas en el asunto. Estos representantes locales han manifestado su preocupación y han solicitado explicaciones tanto a la Dirección de Gestión Financiera como a la Oficina de Planeación Distrital, la Dirección Técnica de Vivienda y Dimar. El objetivo es obtener claridades sobre los criterios utilizados para la aplicación del impuesto en estas zonas y buscar soluciones que no perjudiquen a las familias vulnerables.
La controversia ha puesto de manifiesto la compleja realidad de las zonas de baja mar en Buenaventura, donde la informalidad en la tenencia de la tierra se combina con desafíos socioeconómicos y ambientales. Este episodio ha reavivado el debate sobre la necesidad de políticas integrales que aborden la situación de estas comunidades, contemplando no solo aspectos tributarios, sino también la regularización de la propiedad y el mejoramiento de las condiciones de vida. Mientras se esperan respuestas oficiales de las autoridades distritales, la comunidad permanece en estado de alerta y los líderes comunitarios están dispuestos a dialogar con las entidades correspondientes para encontrar una solución equitativa.
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