En consecuencia, requirió a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca entregar los resultados de la misión técnica hecha al afluente e instó a los actores involucrados a respetar las fuentes de agua y las riquezas hídricas del territorio.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en el marco de su visita a Buenaventura donde verificó hechos relacionados con la vulneración de derechos de las comunidades, advirtió sobre la preocupante situación en el río Yurumanguí, uno de los principales afluentes de la ciudad portuaria, pues hay posibles indicios de contaminación que podrían estar afectando tanto a la población como al ecosistema de la región.
Desde principios del mes en curso, la comunidad ha venido reportando cambios visibles en el río, como cambios en su tonalidad, lo que ha generado inquietud sobre una posible contaminación. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) adelantó labores de verificación para identificar las causas de esto, sin embargo, hay sospechas fundadas de que las alteraciones puedan estar relacionadas con actividades de minería ilegal en cercanías del afluente, práctica que tendría graves consecuencias para la comunidad y el medioambiente.
La Defensoría del Pueblo, a través de su regional Pacífico, puso en conocimiento de la CVC las denuncias de los pobladores, pero a pesar de las reiteradas solicitudes, no ha hecho público ningún resultado de la inspección. En tal contexto, la Defensora Iris Marín reiteró el requerimiento a la CVC, con la finalidad de que entregue el informe de la misión técnica e indique a las autoridades territoriales cuáles son las respuestas para enfrentar la problemática que estaría afrontando el Yurumanguí.
Además, la Defensora alertó sobre las actividades ilegales que impactan negativamente los derechos de las comunidades locales, que dependen del agua del río para su consumo y satisfacción de las necesidades básicas.
“De confirmarse la presencia de minería ilegal, estaríamos ante una verdadera tragedia. Este río ha sido defendido por la comunidad y ha permanecido libre de intervenciones mineras, siendo un recurso vital para la población. Y lo es no solo por su uso, sino porque tenemos el deber de proteger y respetar nuestro ambiente natural,” señaló la Defensora Marín Ortiz.
Llamado urgente a la protección de las fuentes hídricas
Para que respeten las fuentes de agua y las riquezas hídricas del territorio, la Defensora del Pueblo les hizo un llamado enfático a los actores involucrados: “Es indispensable tomar medidas inmediatas para preservar el río y proteger los derechos de las comunidades, que están siendo directamente afectadas por lo que sería una crisis ambiental. El respeto y la defensa del medioambiente son esenciales para garantizar la vida y los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones”.
La Defensoría del Pueblo continuará haciéndole seguimiento a la situación, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades y la protección del ambiente, en cumplimiento de su mandato constitucional.
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