El pasado 19 de agosto de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el levantamiento de su paro armado en el departamento del Chocó, que había mantenido a más de 50.000 personas confinadas desde su inicio el 11 de agosto. Esta medida, que generó un clima de tensión y preocupación en la región, dejó a su paso graves consecuencias para la comunidad y la economía local, así como un desafío significativo para el proceso de paz en Colombia.
Durante el paro, la situación humanitaria se deterioró drásticamente. Se reportaron casos alarmantes de desnutrición, incluyendo la muerte de una menor de 18 meses y una mujer embarazada que no pudo recibir atención médica a tiempo. La restricción de movilidad y el cierre de comercios afectaron la disponibilidad de alimentos y servicios básicos, exacerbando la crisis en un departamento que ya enfrenta altos índices de pobreza y vulnerabilidad. Según datos del DANE, Chocó es uno de los departamentos con mayor índice de pobreza multidimensional en Colombia, alcanzando un 63,6%.
La respuesta del gobierno nacional fue inmediata. A través de la Gobernación del Chocó y la Defensoría del Pueblo, se implementaron medidas de acompañamiento a la población afectada. Se activaron rutas humanitarias para garantizar el acceso a alimentos y atención médica. La gobernadora Nubia Córdoba-Curi exigió al gobierno central una mayor atención y recursos para enfrentar la crisis humanitaria, subrayando que la situación no solo era resultado del paro, sino también del abandono estatal a largo plazo.
El gobierno también se comprometió a fortalecer la presencia del Estado en la región, buscando generar confianza y apoyo a las comunidades. En este contexto, se han iniciado diálogos con líderes comunitarios y organizaciones sociales para evaluar las necesidades urgentes y establecer un plan de acción que permita la recuperación económica y social del departamento. La situación en Chocó es un recordatorio de la importancia de la inversión en infraestructura y servicios básicos para mitigar los efectos de la violencia y el conflicto armado.
El fin del paro armado del ELN en Chocó abre la puerta a una nueva etapa, pero también plantea preguntas sobre el futuro del proceso de paz en Colombia. A medida que las comunidades comienzan a recuperarse, es crucial que el gobierno mantenga su compromiso de trabajar junto a los chocoanos para garantizar su seguridad y bienestar, evitando que la violencia y la crisis humanitaria se repitan en el futuro. La situación en Chocó es un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en su camino hacia una paz duradera y sostenible.
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