La exfuncionaria habría direccionado un contrato por 4.950 millones de pesos, que tenía por objeto la implementación de un sistema de validación nacional para el ingreso a los estadios de fútbol.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, y le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.
El Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022 ordenó al Ministerio del Deporte liderar el proceso de contratación para la implementación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, que permitiera la asociación de la boleta al documento de identidad de los hinchas del fútbol y la verificación de antecedentes, con el fin de hacer efectivas las restricciones de derecho de admisión en los estadios.
La investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que la ministra habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía arantizar la concurrencia de oferentes. No obstante, fue seleccionado de manera directa.
La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto.
Los elementos de prueba demuestran que la exministra presuntamente desconoció las advertencias hechas en tres oportunidades por su equipo técnico y jurídico con relación a las maniobras ilegales desplegadas durante la contratación. Aun así, suscribió un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022.
Asimismo, se estableció que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones y la selección del beneficiario. Tampoco se justificó la razón por la cual se contrató directamente apartándose de la obligación de convocar a una licitación pública.
De otra parte, en el trámite precontractual no se hicieron los estudios de mercado, tampoco se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni del valor de las actividades previstas, pero se fijó un costo que ascendió a 4.950 millones de pesos.
Por último, el Decreto 1622 de 2022 habilitó a la exministra Urrutia Ocoró para contratar el “Diseño e implementación del sistema de validación nacional”. No obstante, fue contratado un objeto muy diferente: “el análisis de la implementación del sistema de validación nacional”.
En ese sentido, el delito de falsedad en documento público está relacionado con dos eventos. Por suscribir los estudios previos y el acto administrativo de justificación plasmando hechos contrarios a la realidad.
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